Según el proyecto publicado en el BOE
de hoy y que fue adelantado tras el último
Consejo de Ministros el 20 de abril la atención a las personas extranjeras “no
registradas ni autorizadas como residentes en España” quedará
reducida a la asistencia sanitaria de urgencias “hasta el
alta” y “asistencia al embarazo,
parto y postparto” y los y las menores de 18 años que “recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los
españoles”.
“Si se materializa en el trámite
parlamentario y el 31 de agosto se anulan las tarjetas sanitarias, el decreto-ley
significará el fin del principio de universalidad de nuestro sistema nacional
de salud. La limitación implicará que las personas que se encuentren en
situación irregular solo podrán acceder a las urgencias, maternidad y cuidados de menores”, explica Álvaro
González, presidente de Médicos del Mundo.
Médicos del Mundo, que atendió a más de
19.000 personas inmigrantes el año pasado, rechaza los argumentos esgrimidos
por el Ministerio de Sanidad y la justificación para frenar el ‘turismo
sanitario’. La ONG considera que el
decreto publicado hoy supone un grave retroceso en términos de derechos
sociales y, especialmente, en el derecho a la salud.
Las personas
inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura
socio-sanitaria. Según el segundo informe del Observatorio europeo elaborado
por Médicos del Mundo entre inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, sólo
el 4% de los encuestados citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos
que les habían llevado a emigrar a España. “Es rotundamente falso que la
sanidad genere un efecto llamada”, afirma el presidente de Médicos del Mundo.
“Obstaculizar el acceso a la salud de las
personas inmigrantes perjudica a los propósitos generales de salud pública. El
acceso a la atención primaria y a los programas de prevención – añade Álvaro
González - reduce la morbilidad y, para ciertas patologías, la prevención y el
diagnóstico temprano son más eficientes y tienen menos coste que los tratamientos
curativos”.
Médicos del Mundo recuerda que las
personas inmigrantes utilizan menos los servicios sanitarios que la población
española como ponen de manifiesto numerosos estudios e informes. Uno de los estudios más exhaustivos fue
el elaborado por médicos de Atención Primaria de Zaragoza. En él se analizaron
más de 5 millones de visitas de una población de 473.523 personas (el 11,17%
inmigrantes). Según este análisis, los inmigrantes adultos fuero 4,2 veces al
médico por las 6,7 de los españoles. En el caso de los y las menores
inmigrantes acudieron en 5,5 ocasiones frente a las 7,3 visitas de los niños y
niñas autóctonos.
Llamamiento al
personal de salud
El acceso a la salud sin discriminación
para todas las personas es un derecho humano reconocido en los principales
instrumentos legales y normas internacionales. Desde el Juramento Hipocrático
hasta la adopción en 1948 de la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica
Mundial (AMM), la profesión médica ha expresado en forma de código deontológico
su compromiso con la misión de proteger la salud sin ningún tipo de
discriminación.
La Declaración de Lisboa de la AMM
sobre los Derechos del Paciente recoge: "Cuando la legislación, una medida
del gobierno, o cualquier otra administración o institución niega estos
derechos al paciente, el personal médico debe buscar los medios apropiados para
asegurarlos y restablecerlos".
En esta línea, Médicos del Mundo hace
un llamamiento al personal de salud (sanitario y administrativo) para que soliciten a las autoridades que
permitan proporcionar el acceso a la salud de las personas más vulnerables de
nuestra sociedad, especialmente del colectivo de inmigrantes sin permiso de
residencia. “El personal de salud pueden hacer entender a la ciudadanía y,
desde luego, a nuestros gobernantes, que curar es mucho más que una obligación,
que es un derecho y que debemos poder ejercerlo sin restricciones”, concluye
Álvaro González.
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