Amnistía
Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge hemos entregado más de 59.000 firmas en las Presidencias de las Comunidades
Autónomas pidiéndoles que no adopten medidas regresivas en el acceso al derecho
a la salud
La no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes en situación
administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podría afectar a la vida
y a la salud de miles de personas. Así lo han denunciado Amnistía
Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge, que hoy han entregado de forma
simultánea en las Presidencias de las Comunidades Autónomas 59.146 firmas recogidas
y que les solicitan que garanticen el acceso y disfrute del derecho a la
salud de todas las personas, en cumplimiento a sus obligaciones
internacionales, sin regresividad ni discriminación y mantengan la asistencia
sanitaria para todas las personas.
Las
organizaciones consideran que la reforma sanitaria introducida por el Real
Decreto Ley 16/2012, puede costar
vidas. Los recortes implican que las personas migrantes mayores de edad en
situación irregular solo serán atendidas en urgencias y en los supuestos de
embarazo, parto y posparto. Implican también que personas españolas -como las
mayores de 26 años que no hayan cotizado-
verán dificultado su acceso al derecho a la salud, lo que para estas
organizaciones son medidas regresivas y discriminatorias.
Las ONG alertan
que el Real Decreto Ley 16/2012 va a dejar a miles de personas sin acceso a los
sistemas de salud. La reforma va a suponer la interrupción de tratamientos y
seguimientos y va a significar la imposibilidad de acceder a la medicina
preventiva y a diagnóstico médicos para miles de personas en situación
administrativa irregular que residen en nuestro país.
Las consecuencias
están siendo ya palpables. Como las que podría sufrir Aisha, una mujer marroquí
que perdió su trabajo con la llegada de la crisis económica y con ello, el
permiso de residencia. Le detectaron un cáncer de pecho hace dos años, cuando
estaba embarazada. Sufrió una mastectomía y le aplicaron quimioterapia. Ahora
acude a revisiones cada dos meses, pero sin tarjeta de residencia no podrá continuar su tratamiento. O
Carmen, chilena en situación administrativa irregular, cuyos riñones sólo
funcionan al 22 por ciento. Si pierde el acceso al sistema público de salud no
podrá asumir el coste de la máquina de diálisis de la que depende su
tratamiento.
Amnistía
Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge denuncian, además, que la reforma
sanitaria vulnera obligaciones
internacionales contraídas por España, como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los Estados parte a respetar, proteger y cumplir
el derecho a la salud sin regresividad y sin discriminación.
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