Contra la reforma sanitaria que puede costar vidas

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge hemos entregado más de 59.000 firmas en las Presidencias de las Comunidades Autónomas pidiéndoles que no adopten medidas regresivas en el acceso al derecho a la salud

 

La no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podría afectar a la vida y a la salud de miles de personas. Así lo han denunciado Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge, que hoy han entregado de forma simultánea en las Presidencias de las Comunidades Autónomas 59.146 firmas recogidas y que les solicitan que garanticen el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas, en cumplimiento a sus obligaciones internacionales, sin regresividad ni discriminación y mantengan la asistencia sanitaria para todas las personas. 

Las organizaciones consideran que la reforma sanitaria introducida por el Real Decreto Ley 16/2012,  puede costar vidas. Los recortes implican que las personas migrantes mayores de edad en situación irregular solo serán atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto. Implican también que personas españolas -como las mayores de 26 años que no hayan cotizado-  verán dificultado su acceso al derecho a la salud, lo que para estas organizaciones son medidas regresivas y discriminatorias.

Las ONG alertan que el Real Decreto Ley 16/2012 va a dejar a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud. La reforma va a suponer la interrupción de tratamientos y seguimientos y va a significar la imposibilidad de acceder a la medicina preventiva y a diagnóstico médicos para miles de personas en situación administrativa irregular que residen en nuestro país.

Las consecuencias están siendo ya palpables. Como las que podría sufrir Aisha, una mujer marroquí que perdió su trabajo con la llegada de la crisis económica y con ello, el permiso de residencia. Le detectaron un cáncer de pecho hace dos años, cuando estaba embarazada. Sufrió una mastectomía y le aplicaron quimioterapia. Ahora acude a revisiones cada dos meses, pero sin tarjeta de residencia no podrá continuar su tratamiento. O Carmen, chilena en situación administrativa irregular, cuyos riñones sólo funcionan al 22 por ciento. Si pierde el acceso al sistema público de salud no podrá asumir el coste de la máquina de diálisis de la que depende su tratamiento.

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge denuncian, además, que la reforma sanitaria  vulnera obligaciones internacionales contraídas por España, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los Estados parte a respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud sin regresividad y sin discriminación.